La Ley Antilavado y la restricción de uso de efectivo y metales en las transacciones
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) o Ley Antilavado como comúnmente se le conoce, establece en su artículo 32, que, en determinadas transacciones, queda prohibido recibir pagos en efectivo, ya sea con monedas o billetes en pesos mexicanos, en divisas extranjeras o mediante Metales Preciosos, en los siguientes casos:
* Conforme al artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (DOF 27/enero/2016), todas las menciones al salario mínimo como base, medida o referencia para determinar la cuantía de obligaciones y supuestos previstos en leyes federales, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
** En términos del decreto emitido por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2023, el valor diario de la UMA para 2023 es de $103.74 pesos mexicanos a partir del 01 de febrero del 2023.
¿Qué pasa si hago caso omiso a esta restricción?
En caso de no respetar a la restricción y se acepta un pago en efectivo, ya sea con monedas o billetes en pesos mexicanos, en divisas extranjeras o mediante Metales Preciosos, superior al límite establecido en el Artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), se estaría incurriendo en una violación de la ley. Algunas de las consecuencias de esta violación pueden incluir:
Revocación de permisos.
Cancelación de autorizaciones.
Sanciones económicas a quienes intervengan en la realización de la Actividad Sancionada: Entre 10,000 y 65,000 UMA o entre el 10% y el 100% del valor del acto u operación, la que resulte mayor.
Conclusión
Es importante que sujetos que caigan en los supuestos de estas actividades tengan bien definidos sus procesos y políticas internas y sobre todo que estén alineados con las mejores prácticas y los requerimientos legales actuales. Es recomendable que busquen asesoría y capacitación especializada para asegurarse estar cumplimiento con lo que establece esta normatividad.
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